El estado de la pandemia del COVID-19 en Malasia es muy preocupante: el número de infecciones crece día a día, e incluso ha superado el número de personas recuperadas que han recibido el alta de los hospitales. Algunos de los focos de la COVID se encontraron entre trabajadores y trabajadoras migrantes que viven en viviendas tan apretados que les es imposible mantener la distancia de seguridad. Ahora, se acusa a las personas migrantes de haber esparcido la enfermedad; este estigma es muy extendido pese a que la mayoría de comunidades migrantes se han hecho pruebas de la COVID que han salido negativas.

Desde hace un tiempo, el gobierno malasio intenta encontrar un equilibrio entre la necesidad de limitar el movimiento y la proximidad de las personas y asegurar el mantenimiento de la economía y la subsistencia de la gente del país. Por desgracia, parece que no ha conseguido ni una cosa ni la otra.

Restricciones y sanciones

Está prohibido cruzar las fronteras entre estados sin un permiso de la policía, y para obtener estos permisos es necesario que la empresa o los empresarios proporcionen los documentos necesarios. Las personas que violan las restricciones de movimiento u otras normas como la obligatoriedad de llevar mascarillas o respetar la distancia social se enfrentan a duras sanciones. Estas penas menudo aplican con poco rigor, y pueden ser demasiado severas para las personas con ingresos exiguos. La multa por no llevar mascarilla es de RM1000 (1.000 ringgit malasios, que equivalen a unos 200 euros), y se aplica sin tener en cuenta los ingresos de la persona acusada, aunque el ingreso mínimo mensual es de RM1200 (unos 240 euros). Algunas personas han acabado en la cárcel porque no tienen los recursos para poder pagar la multa.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores migrantes se ven confinadas a sus dormitorios, con poco tiempo para salir y atender sus necesidades personales. En teoría, el objetivo de estas restricciones es minimizar el riesgo de infección por coronavirus; en consecuencia, sin embargo, muchas ONG como Tenaganita han tenido grandes dificultades a la hora de trabajar con personas migrantes. Las personas refugiadas y trabajadoras migrantes declaradas culpables de algún delito se enfrentan a un castigo desproporcionadamente duro: después de pasar un tiempo en prisión, pierden el permiso de trabajo, y terminan encerradas en centros de detención de inmigrantes a la espera de ser deportadas.

La recesión económica y la pérdida de oportunidades de trabajo han hecho que los trabajadores y trabajadoras migrantes sean reticentes a hablar de sus circunstancias con desconocidos por miedo a perder el trabajo. Este es un obstáculo más para las ONG que intentan desarrollar tareas de monitorización.

Tenaganita

19 de abril de 2021