Todos los días miles de personas trabajadoras en Asia están expuestas a sustancias químicas peligrosas sin la protección requerida durante la fabricación de ordenadores y otros equipos de electrónica. Uno de los productos químicos más peligrosos utilizados es el benceno, reconocido como un grave cancerígeno en Europa y EE.UU. y cuyo uso industrial está fuertemente restringido.

MiYeon Kim trabajó para Samsung más de 15 años en la evaluación de semiconductores en Corea del Sur. Ahora está pagando el precio de la producción barata y poco ética. "Cuando aún trabajaba, empecé a tener dolores de cabeza y dolores menstruales, y tenía problemas para quedarme embarazada. Al final lo conseguí, pero me detectaron un tumor y tuve que pasar por el quirófano para abortar. Después de la enfermedad y el aborto, la empresa sólo me concedió cinco días de baja, por lo que tuve que dejarlo. Al cabo de nueve días de haber renunciado al trabajo, me enteré de que tenía otro tumor maligno y tuve que someterme de nuevo a un tratamiento para curar el cáncer",  explica la trabajadora.

El estudio, titulado "Vientos de cambio: El poder de la compra pública para mejorar las condiciones laborales de la industria electrónica mundial" y escrito por la organización danesa Danwatch, analiza también el papel de la compra pública como herramienta que permite que las instituciones y administraciones públicas aprovechen su poder de compra para cambiar esta situación.

El informe denuncia el acoso al que se ven sometidas las personas trabajadoras que intentan sindicarse en Corea del Sur y en otros países donde Samsung y sus proveedores tienen fábricas de producción. Esta empresa utiliza una amplia variedad de tácticas para disuadir los intentos de sindicalización, incluyendo el envío a otras fábricas, despidos, y amenazas al personal y a sus familias.

La supresión de la libertad de asociación y del derecho a la negociación colectiva hace que sea imposible que las personas que allí trabajan puedan promover unas condiciones de trabajo justas y seguras.

Al mismo tiempo, las instituciones del sector público gastan cada año una enorme cantidad de dinero de los contribuyentes en equipos de electrónica. Los gobiernos europeos consideran que la contratación pública tiene un impacto significativo y, por tanto, disponen de políticas de compra socialmente responsable para garantizar que el dinero de la ciudadanía se destina a acciones respetuosas con los derechos laborales.  Sin embargo, esto se hace imposible en el caso de la industria electrónica por su falta de transparencia y su funcionamiento .

Electronics Watch ofrece a los compradores públicos un servicio independiente de monitoreo en colaboración con los sindicatos y grupos de derechos laborales de los países productores. Estos no sólo supervisan las condiciones de trabajo en las fábricas, sino que también ponen en práctica programas de mejora allí donde  encuentran violaciones de los derechos laborales.

Recientemente, se ha lanzado una petición online en la página web de Avaaz, con el objetivo de recoger miles de firmas para pedir a los gobiernos locales y nacionales y a instituciones del sector público que se afilien a Electronics Watch. Si quieres apoyar esta iniciativa, firma la petición on line.

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