Human Rights Watch denuncia que el reciente Mundial de fútbol de Rusia se ha celebrado durante la peor crisis de derechos humanos en el país desde la época soviética. Las personas que han trabajado en las obras de construcción han sufrido abusos, como por ejemplo impagos del salario que les correspondía y trabajo en condiciones peligrosas, que han significado incluso la muerte en algunos casos.

El próximo Mundial tendrá lugar en Qatar en 2022. Organizaciones de monitorización de derechos humanos informan que la construcción de este Mundial está recayendo en 1,6 millones de personas trabajadoras inmigrantes que pueden estar sometidas a trabajo forzoso y condiciones de trabajo y vivienda insalubres. El nuevo documental The Workers Cup, ofrece el testimonio de personas de Ghana, Kenia, India y Nepal que trabajan para este mundial.

Será diferente el Mundial del 2026?

La FIFA acaba de anunciar que quien ha ganado la organización del Mundial del 2026 es un consorcio formado por la Asociación Canadiense de Fútbol, ​​la Asociación Mexicana de Fútbol y la Federación de Fútbol de Estados Unidos. La licitación incluye una estrategia en derechos humanos que aborda las condiciones laborales en toda la cadena de suministro, según principios que Electronics Watch puede avalar. La licitación se compromete a:

• "Principios de responsabilidad social con participación activa de las personas trabajadoras" y "monitorización centrado en las personas trabajadoras".
• Requerir "total transparencia de todas las empresas subcontratadas por parte del contratista y de otras entidades de la cadena de suministro como condición para la contratación".
• "Un grupo de monitoreo independiente y creíble que lleve a cabo la supervisión y monitorización de todas las cadenas de suministro relacionadas con el evento."
• "Apoderarse a los trabajadores y las trabajadoras para que puedan acceder a mecanismos de reclamación y compensación."

Para ejercer este tipo de influencia en la cadena de suministro el compradores del Mundial deberán colaborar con otros compradores institucionales a la hora de elaborar licitaciones de contratos para vestimenta deportiva, electrónica y otros bienes de consumo, y co laborar con otros compradores para abordar las violaciones de derechos en la cadena de suministro. A los contratistas se les puede pedir que demuestren que llevan a cabo medidas de debida diligencia dedicadas a rendir cuentas de cómo las condiciones comerciales - entre ellas las fechas límite de entrega, la duración de los contratos y los márgenes de precios - pueden perjudicar el cumplimiento de un proveedor con las normas laborales.