Desafortunadamente, Tailandia tiene un largo historial de limitación de la libertad de expresión y de represión de la sociedad civil. Dos ámbitos de especial preocupación por Electronics Watch son los casos de querellas criminales contra personas trabajadoras migrantes que denuncian abusos de sus derechos, y la reciente sentencia de la judicatura tailandesa contra Andy Hall, especialista en derechos de las personas trabajadoras migrantes e investigador asociado a Electronics Watch, en lo que parece una represalia por sus informes sobre violaciones de los derechos humanos. (Para obtener más información sobre el caso contra Andy Hall, véase Finnwatch).

Electronics Watch alertó por primera vez de los riesgos de las personas trabajadoras migradas de sufrir trabajo forzoso en noviembre de 2016. La red birmana Migrante Worker Rights Network (MWRN) en Tailandia informó que una empresa de electrónica retenía pasaportes y otros documentos de identidad a trabajadores y trabajadoras migradas de Myanmar de manera ilegal, además de cobrarles tarifas de contratación exorbitantes injustas. Cuando MWRN y Electronics Watch lo denunciaron a las asociaciones empresariales, se emprendieron medidas correctivas y MWRN indicó rápidamente que las personas trabajadoras habían recuperado sus pasaportes y permisos de trabajo, y que la empresa las había empezado a compensar por las tarifas ilegales y las deducciones realizadas a sus salarios.

Sin embargo, Electronics Watch ha continuado encontrando evidencias del riesgo de trabajo forzoso. Las personas trabajadoras migradas, que desde el año 2017 se enfrentan a sanciones muy graves si no cuentan con un permiso de trabajo válido, informan que han tenido que contraer deudas muy elevados derivados del proceso de obtención de estos permisos, que llegan a cantidades equivalentes al sueldo de entre 55 y 76 días de trabajo incluyendo horas extras. El proceso es largo, costoso y requiere a las personas trabajadoras dejar sus trabajos actuales y viajar de Tailandia a Myanmar y volver dos veces para conseguir ser contratadas de forma legal directamente en el lugar de trabajo. La subcontratación de trabajadores y trabajadoras migrantes está prohibida desde noviembre de 2017.

Algunas personas han declarado que tuvieron que pedir préstamos a agencias informales o "tiburones de los préstamos", mientras que otros dijeron que habían usado sus ahorros o dinero destinado a las remesas para complementar los préstamos y pagar el proceso de registro . Las personas trabajadoras también han informado de situaciones de dependencia de horas extras excesivas para poder pagar la deuda.

Se estima que hay unos cuatro millones de personas trabajadoras migradas de Myanmar registradas o sin registrar en Tailandia en riesgo de sufrir servidumbre por deuda o trabajo forzoso. Sin las investigaciones y la información de la sociedad civil y de defensores de los derechos humanos como el Andy Hall, sus problemas raramente saldrían a la luz. Mientras que los procesos de contratación son complicados y las medidas correctivas requieren un grado de coordinación entre las marcas compradoras y las empresas de manufactura contratadas, un paso adelante simple y efectivo sería que la industria colaborare de manera transparente con la sociedad civil en idear soluciones. Esto es especialmente importante en vista del actual clima de represión que vive Tailandia, donde una declaración de la industria a favor del valor de la sociedad civil sería un mensaje muy potente hacia el gobierno tailandés para conseguir que respete el rol de los defensores de los derechos humanos en la creación de trabajo decente.